La justicia de Trinidad y Tobago despenaliza las relaciones homosexuales entre adultos con consentimiento y el gobierno recurre

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La justicia de Trinidad y Tobago despenaliza las relaciones homosexuales entre adultos con consentimiento y el gobierno recurre

[blogMensGo, blog gay del 25-09-2018] Según una decisión firmada por el juez Devindra Rampersad y con carácter definitivo del 20 de septiembre de 2018, el Tribunal superior – una subdivisión del Tribunal supremo – de Tinidad y Tobago confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 13 (que reprime la sodomía) y 16 de la ley sobre delitos sexuales. El juez Rampersad negó al gobierno la suspensión de la ejecución de su veredicto. Pero, más que una derogación pura de los dos artículos de la ley, se ha limitado a introducir unas modificaciones al texto muy poco intrusivas. Antes incluso de que la decisión se hiciera pública, el gobierno había anunciado su intención de recurrir.

Aquí debajo, un reportaje de TTT sobre este caso – el sonido y la imagen no son extraordinarios...

Esas dos modificaciones minúsculas que lo cambian todo

El juez Rampersad acompaña su decisión de una redacción ligeramente modificada de los artículos 13 (añade dos palabras) y 16 (una sola palabra reemplaza a siete).

El artículo 13 reprimía hasta la fecha la sodomía homosexual o heterosexual. En la práctica, solo servía de pretexto para acosar a los gais y hacer que se arriesgaran hasta a veinticinco años de cárcel.

El juez Rampersad se ha limitado a añadir la expresión without consent (sin consentimiento). A partir de ahora, solo es penable la sodomía practicada por un hombre hacia otro hombre u otra mujer sin el consentimiento de su compañero.

El artículo 16 sanciona con cinco años de prisión los casos de ofensa mayor a las buenas costumbres (serious indecency) sin penetración sexual. Antes no se aplicaba a las relaciones sexuales entre « una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino » mayores de 16 años.

A partir de ahora, el artículo 16 ya no es aplicable a las relaciones entre « personas » mayores de 16 años – da igual que dichas personas sean homosexuales o heterosexuales, de sexo masculino o femenino.

Devindra Rampersad justifica la ligera modificación del artículo 13, más que su derogación, con el hecho de que ninguna persona ha sido acusada recientemente de sodomía.

En lo referente al artículo 16, el juez Rampersad señala haber actuado en aras de la estricta igualdad: la nueva formulación no solo suprime el tratamiento diferenciado en relación a la orientación sexual, sino que además introduce la noción del consentimiento obligado de la mujer, ya sea con un hombre o entre mujeres.

Repaso de los hechos

21 de febrero de 2017. Jason Jones, un militante por los derechos LGBT – abiertamente gay y nativo de Trinidad, pero residente en el Reino Unido – acude al Tribunal superior para saber si el Estado tiene el derecho constitucional de tipificar un delito penal de las relaciones homosexuales entre personas que han dado su consentimiento.

12 de abril de 2018. El juez Devindra Rampersad, en una decisión inicial de 58 páginas, declara la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 16 de la ley sobre delitos sexuales. Recuerda que la Constitución se aplica al conjunto de los ciudadanos, sean cuales sean sus creencias religiosas (se sobreentiende que homófobas). Inmediatamente después, se llevan a cabo actos violentos homófobos en Trinidad y Tobago y Jason Jones recibe amenazas de muerte.

20 de septiembre de 2018. La nueva decisión del juez Rampersad confirma en 14 páginas su juicio inicial y precisa el alcance. Los artículos polémicos no son derogados, sino modificados mínimamente. Se desestima la petición del ministro de Justicia, que deseaba obtener una suspensión de ejecución de cuarenta y cinco días para recurrir la decisión. El juez señala que, si bien los dos artículos de la ley no se aplican desde hace mucho tiempo, siguen representando una amenaza potencial y homófoba que afecta a la vida de las parejas del mismo sexo.

La lucha continúa

Desde que se conociera la decisión definitiva, el ministro de Justicia, Faris Al-Rawi, ha hecho saber que el gobierno recurriría ante la más alta jurisdicción competente, en este caso el Privy Council (Consejo personal de la corona británica), cuya sede se encuentra en Londres.

Según el sistema judicial de Trinidad y Tobago, el Consejo de la corona hace las veces de tribunal de apelación con respecto al Tribunal superior.

El ministro de Justicia afirma que es necesario aclarar la situación mediante un recurso, ya que el tema sobre el que el juez Rampersad ha tomado su decisión concierne « aproximadamente a otras 26 leyes ». El ministro no precisa ni el número exacto, ni el nombre, ni la naturaleza de las otras leyes presuntamente afectadas.

Philca & carram / MensGo

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