Suiza dedica un referéndum al estatus penal de la homofobia, a la espera del matrimonio homosexual

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Suiza dedica un referéndum al estatus penal de la homofobia, a la espera del matrimonio homosexual

[blogMensGo, blog gay del 27-12-2019] ¿Debe Suiza considerar la homofobia en los mismos términos que la discriminación de carácter racial, étnico o religioso, es decir como un delito castigado por el artículo 261 bis del código penal suizo? Ese es el tema de una votación (referéndum popular) cuyo escrutinio tendrá lugar el 9 de febrero de 2020. Si la respuesta es sí, Suiza validará definitivamente una nueva ley ya votada por el Parlamento que considera la homofobia como un delito penal. En caso de una respuesta negativa, el clan de los homófobos dejará a Suiza al mismo nivel que Italia, donde la homofobia ni está reconocida ni sancionada por la ley. Todos los partidos políticos, salvo dos formaciones poco friendly, llaman al progresismo del sí – pese a las lagunas de la futura ley.

Homofobia: lo que dice el derecho suizo

El artículo 261 bis del código penal suizo, que los juristas llaman « norma antirracista », incluirá la discriminación homófoba y bifoba si los electores así lo deciden. Pero el derecho penal suizo distingue al individuo y al grupo, es decir la discriminación o agresión contra un individuo y la que va en contra de la comunidad a la que pertenece dicho individuo. Del mismo modo, el derecho penal separa los hechos cometidos en público y los cometidos en privado. La ley actual y la futura ley lo tienen y lo tendrán en cuenta.

Una sola fecha, un solo voto. © contre-les-discriminations-oui.ch

Balance de la situación

Una persona física puede recurrir a la justicia si se considera víctima de una agresión física o verbal ligada a su orientación sexual. En cambio, si la agresión o la discriminación se perpetra en contra de una comunidad, de una afiliación o de un grupo, la justicia suiza examina de entrada contra qué comunidad, afiliación, grupo, etc. se ha cometido una agresión o discriminación para asegurarse de que se trata de un delito penal castigado por el artículo 261 bis.

El artículo 261 bis utiliza tres veces el adverbio “públicamente” porque esas estipulaciones solo conciernen a las agresiones e insultos perpetrados en público. Si los hechos tienen lugar en público, el agresor es demandado sistemáticamente; si los hechos transcurren en privado, el asunto ya no atañe al artículo 261 bis y se juzga caso por caso.

Este artículo 261 bis castiga actualmente con hasta tres años de prisión a los autores de una discriminación o agresión motivada por la raza, la etnia o la religión de las víctimas. Pero no por su orientación sexual o por su identidad de género.

Y en caso de agresión personal contra un solo individuo, el asunto se juzga entonces caso por caso, pero las organizaciones LGBT representativas no pueden actuar como partes civiles. Por lo tanto el demandante debe llevar ante la justicia únicamente en su nombre un caso de discriminación LGBTfoba.

Resaltemos de entrada el carácter simbólico del artículo 261 bis. Concierne no solamente a los casos de discriminación racial, étnica y religiosa, sino también al negacionismo, es decir la negación o la minimización de un genocidio o de cualquier otro crimen contra la humanidad.

Las partes implicadas

Las organizaciones LGBT y el conjunto de los partidos políticos importantes llaman a votar « sí a una protección contra la discriminación ». Pink Cross y LOS han creado un colectivo que invita a los suizos a votar Sí el 9 de febrero de 2020 y a izar una bandera arcoíris sobre su vivienda antes del escrutinio. Numerosas acciones de sensibilización están programadas hasta el 9 de febrero.

El camino hacia el matrimonio homosexual es aún largo, pero se adivina el horizonte. © Tegan Mierle / Unsplash

Dos formaciones políticas, una de ellas de extrema derecha, afirman haber recolectado las 50 000 firmas necesarias para someter a referéndum un asunto. Si bien la metodología de la obtención de firmas ha suscitado dudas, la validación de la nueva ley está condicionada por el escrutinio del 9 de febrero.

En cuanto a los líderes religiosos, algunos llaman a votar a favor de la criminalización de la homofobia y otros llaman a votar en contra (leer también al final del artículo).

La futura ley

Fue el diputado socialista Mathias Reynard quien, en 2013, presentó una « iniciativa parlamentaria » que pretendía incluir en el artículo 261 bis disposiciones que sancionaran la LGBTfobia. El Consejo nacional (cámara baja del Parlamento) validó el texto, pero el Consejo de Estado (cámara alta del Parlamento) suprimió las discriminaciones ligadas a la identidad de género. Los senadores consideran que la identidad de género, la transfobia y la intersexofobia son conceptos demasiado imprecisos para figurar en la futura ley.

En diciembre de 2019, el Parlamento ha aceptado una enmienda legislativa que se centra únicamente en las discriminaciones en contra de gays, lesbianas y bisexuales. Los electores disponen de dos meses, hasta el 9 de febrero de 2020, para pronunciarse sobre el futuro de esa enmienda.

Las personas transgénero e interexuales deberán por tanto seguir sufriendo insultos y discriminaciones públicas tan abyectas como « Los trans son enfermos mentales » o « Las personas intersexuales son errores de la naturaleza » sin poder actuar a título individual y sin que las organizaciones LGBTQI puedan hacer condenar a los responsables de estos actos de odio en contra de una parte de su comunidad.

Un fuerte impacto simbólico, pese a las graves lagunas

Por lo tanto, la ley se somete a votación sin una parte importante de su texto inicial. El texto no implica ninguna obligación por parte de los poderes públicos. Las demandas contra los autores de discriminaciones serán automáticas, pero la ley no impondrá ni una obligación de prevención ni un sistema de condenas.

No hay nada que obligue al estado a censar los casos de infracciones contra gays, lesbianas o bisexuales, ya se trate de infracciones en público o en privado, contra una comunidad o un individuo. Solo iniciativas aisladas, como la de Corine Mauch (nuestro artículo), alcandesa de Zúrich desde hace diez años, cuyo ayuntamiento se esfuerza por cuantificar los actos LGBTfobos. Los diputados han aceptado una moción que reclama estadísticas fiables a escala nacional, pero los senadores aún no se han pronunciado al respecto.

Las únicas estadísticas oficiales de que se dispone son las relativas a los casos que recoge el artículo 261 bis. Desde su entrada en vigor hace casi veinticinco años (el 1 de enero de 1995), « la norma penal antidiscriminación apenas se aplica y son pocas las condenas », indica el abogado penalista Alexandre Curchod en una entrevista a la revista LGBT suiza 360º.

Religión contra religión

En 2020, la homosexualidad no solo podría colarse en la agenda parlamentaria mediante la votación definitiva del artículo 261 bis del código penal. Los diputados del Consejo nacional examinarán, a partir de primavera, un proyecto de ley sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Incluso los católicos suizos (algunos) saben contar los colores del arcoíris. ©cath.ch

Las parejas homosexuales solo pueden unirse, desde 2007 a escala nacional, mediante una unión civil. Ya hablábamos aquí del caso del tenor Hughes Cuénod, que fue y sigue siendo el suizo de mayor edad en contraer unión civil; tenía entonces 105 años.

Solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio civil. En cambio, las parejas homosexuales ya tienen derecho al matrimonio religioso en algunos lugares, y quizá dentro de poco en el conjunto del territorio suizo.

La Federalción de Iglesias protestantes de Suiza (FEPS) apoya el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo desde agosto de 2019. Y el 5 de noviembre de este año, la FEPS se pronunció por amplia mayoría a favor del matrimonio civil para todos. La FEPS incluye a 2,4 millones de fieles repartidos en 26 diócesis o congregaciones religiosas; de un total de 8,5 millones de habitantes, lo que no es poco.

Destacar que los pastores protestantes no estarían obligados a unir ellos mismos a parejas homosexuales si estiman que eso no va acorde con sus creencias o convicciones.

Por una mayoría aún más aplastante (33 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), la Iglesia protestante de Ginebra (EPG) se pronunció el 28 de noviembre de 2019 a favor de una « apertura de la bendición a las parejas del mismo sexo ». No se trata enteramente de un matrimonio homosexual religioso, ya que el matrimonio civil aún no es legal para las parejas del mismo sexo. La EPG utiliza el término “bendición”, que equivale a una bendición nupcial. Dicho de otro modo, un matrimonio religioso con una liturgia idéntica para todas las parejas, sea cual sea su orientación sexual.

Algunos días más tarde, el 3 de diciembre, la EPG confirmaba su compromiso con la comunidad LGBT celebrando una conferencia sobre la homosexualidad en la Biblia.

¿Y entre los católicos? En Suiza, las iglesias católicas tienen un tono mucho menos friendly que los templos protestantes. Ni la Iglesia católica ni los obispos de Suiza se han pronunciado aún de manera oficial a favor de la igualdad de derechos para todas las parejas en cuanto a la liturgia y al matrimonio.

Cierto, el matrimonio se considera un sacramento en la Iglesia católica mientras que en la Iglesia protestante no es así. Por lo tanto, los matrimonios LGBT en la liturgia protestante tendrían, en teoría, menos peso que los matrimonios LGBT en la liturgia católica. Argumento puramente especulativo, salvo quizá para los teólogos (y los homófobos).

Algunas iniciativas, aquí o allá, arrojan cierta luz arcoíris sobre los católicos suizos. El 27 de noviembre de 2019, la Iglesia católica de Vaud celebraba una « velada de formación » dedicada a la homosexualidad en la Iglesia. Se mantiene la esperanza... y el cronómetro se pone en marcha.

Philca & carram / MensGo

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